En la audiencia de acusación y preliminar por el homicidio de Ariel Andrés Aguirre, la Fiscalía y la querella solicitaron una pena de 21 años de prisión para Alexis Javier Franco y de 4 años y 6 meses para Jésica Belén Morales. Franco rechazó la posibilidad de un juicio abreviado y pidió que el caso se ventile en un juicio oral y público.
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La audiencia se desarrolló este miércoles en los Tribunales de Vera y tuvo como objetivo definir la prueba que será incorporada al juicio. El fiscal Juan Marichal confirmó que el Ministerio Público de la Acusación solicitó que Alexis Javier Franco sea juzgado como autor del homicidio simple y del delito de daño por el crimen de Ariel Andrés Aguirre, ocurrido el 2 de octubre de 2023 en Margarita. Para Jésica Belén Morales, acusada como encubridora, requirió una pena de 4 años y 6 meses de prisión. El abogado querellante Ariel Williambi, junto al doctor Aníbal Zuppel, en representación de la familia de la víctima, adhirió a la misma calificación legal y al pedido de penas formulado por la Fiscalía.
Durante la audiencia, la defensa de Morales, ejercida por Valeria Tourn, del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, solicitó el sobreseimiento de su defendida, planteo que fue rechazado por la Fiscalía al considerar que esa discusión deberá resolverse en el debate oral. En tanto, la defensa de Franco, integrada por los abogados Sixto González y Agustín Bergel, no pidió el sobreseimiento y el propio imputado manifestó su decisión de ir a juicio oral y público, descartando la posibilidad de arribar a un juicio abreviado.
Al finalizar la audiencia, el juez Gustavo Gon concedió la palabra a Ramona Santillán, madre de Ariel Andrés Aguirre, quien expresó: “Como madre, necesito saber qué pasó”. Sobre ese punto, Marichal indicó que recientemente pudo desbloquearse el teléfono celular secuestrado a Franco, aunque aclaró que de la extracción de información no surgieron elementos de interés para la investigación ni para determinar el móvil del crimen. El fiscal adelantó además que el juicio podría desarrollarse antes del 2 de octubre, fecha en la que se cumplirán tres años del hecho, estimando que la Oficina de Gestión Judicial podría fijarlo para fines de septiembre.
